1.- (El público). Los juicios pactados que van imponiéndose como la forma más habitual de administrar justicia –en España más de la mitad de los penales se resuelven ya por acuerdo entre las partes—más allá de las ventajas e inconvenientes prácticos que puedan atribuírsele, sellan un principio teórico indiscutible que pocas veces se advierte: la irrelevancia del público. La justicia administrada mediante acuerdos, por mucho que sean públicas la instrucción y la sentencia, se desprende del público, de su función y garantía epistemológicas. El público no es sólo la fuente de legitimidad en cuyo nombre se dicta sentencia –el “S. M. el Rey” es sólo su concreción simbólica, un signo–, es también el ojo común que puede fiscalizar la representación de lo ocurrido. Si la justicia ha tenido que abrirse, desde el oscuro rincón medieval donde se obtenía la verdad por confesión del acusado, hasta la retransmisión en directo y por televisión del juicio del 11-M es también porque se sobreentiende que la verdad que el tribunal tenía que dilucidar no escapaba a la razón común, sino que era una verdad al alcance de cualquiera, y que por tanto podía dilucidarse a la vista de todo el mundo. “Una verdad empírica, pública e intersubjetivamente controlable”, según los términos de Ferrajoli. Nadie, por más que pueda pervertirse esa garantía de lo mismo que en orígen era la convicción del juez, puede pretender que una condena basada en la íntima convicción del juzgador, en un motivo incomunicable, sea justa. La justicia trabaja con la hipótesis de que se puede obtener esa verdad comunicable, intersubjetiva y cierta. Todo eso ha desparecido en los juicios a consenso, porque lo único que debe comunicarse es el acuerto en sí, no el fondo real sobre el que se recorta, pudiendo negar así que algo ha ocurrido, aunque haya ocurrido, y todo el mundo lo sepa. Lo más habitual, sin embargo, es que se pacte que ha ocurrido algo, a pesar de que nadie haya visto nada. Nadie que no sea una de esas figuras que condensan y a la vez subliman, el fantasma del público. Los arrepetidos o los testigos protegidos son el ejemplo de mayor proyección internacional. Las víctimas de delitos sexuales en España, sobre todo si son menores, encajan sin desmerecerlo en ese mecanismo de la ausencia: su palabra suele sustraerse a la discusión común, y así revela una verdad incomporable. No digo que no haya psicólogos, psiquiatras incluso expertos forenses que la certifiquen, pero se trata sólo de un análisis interno de su coherencia, que no se compara con la incoherencia del mundo. Los juicios a puerta cerrada, como este de Tarragona, escenifican dicha desaparición.
2. (Subir las persianas) Las víctimas en general, y las víctimas de delitos sexuales, muy en particular, reclaman el anonimato. Los juicios a puerta cerrada son una consecuencia directa de esa idea tan extendida de que respetando su derecho a la intimidad, estamos poniéndonos de su parte. Más allá de las cuestiones que plantea esa desaparición del público como juez de los que administran justicia, que es un problema político de graves consecuencias jurídicas, no estoy ni siquiera seguro de que ese sagrado anonimato sirva a su pretendida intención de proteger a las víctimas.
El crimen es una forma de negación. No sólo física. Estos que violaban, parece una obviedad que necesitaban primero reducir al otro a lo que ellos imaginan que es. Esta idea está presente en la mayoría de las declaraciones de las víctimas, las de La Secuita con incisiva evidencia. El insulto parece una forma de facilitarse el crimen, o por lo menos lo precedía a menudo. En consecuencia, la réplica de las víctimas, redoblaba los insultos y los golpes que recibían. Los violadores pedían sobre todo dos cosas: que las chicas se callaran, o que repitieran lo que ellos querían oír: que eran “unas guarras”, por ejemplo. Las dos redundan en lo mismo: en negarlas.
La violación sigue siendo, en gran medida, un tabú. Por supuesto que entiendo que las víctimas no quieran mostrarse en público. Nadie en su sano juicio puede pretender que no sea compresible. El dolor no puede ponerse en común. Lo que no tengo tan claro es que se trate de una decisión estrictamente personal. Un tabú es un silencio generalizado. El trauma sufre el tabú en carne propia.
Un silencio generalizado, pero también una forma de estar de acuerdo, sólo que secretamente compartida. Que no es lo mismo. Apuesto a que nadie aplaudiría con tanta firmeza ese tabú como el médico aquel que trató a las chicas de La Secuita “como si fueran unas frescas”, según contó uno de los padres al juez. Quien más allá de comprenderlo, defiende ese silencio como un acto de reparación con las víctimas, en el fondo comparte el mismo fetichismo impotente que el violador: que las chicas tuvieron su parte de culpa. Sólo quiero reiterar con esto que comprendo el trauma, pero que no he movido un dedo por el tabú. Las he llamado por teléfono y les he escrito. Sólo G., una de las chicas de Cornellà, aceptó hablar en más de una ocasión: en dos.
3.- (La víctima absoluta). Otra cosa es la figura jurídica que sobre la alfombra de ese tabú camina. El mal absoluto que cada vez más representa el agresor sexual, mucho más absoluto si pederasta, fragua su correspondencia lógica: la víctima absoluta con un derecho ilimitado a que se repare su daño. El derecho ilimitado y el no-derecho, sin embargo, son lo mismo, y su reivindicación difumina muchas de las fronteras sobre las que se sostiene el ejercicio y la posibilidad de la justicia: el viejo Hágase la Justicia y perezca el mundo está de actualidad. Lo peor de la gran inversión que propugnaba Margarita Robles en 1991: “Como jurista pienso que lo que no se puede hacer es invertir el enjuiciamiento y exigir a la víctima que demuestre su inocencia.”, es que probablemente ha triunfado. La imposibilidad ontológica de demostrar la inocencia, que es lo que está pidiendo esa reinversión, deja al acusado, a falta de evidencias fácticas que alcancen al entendimiento del tribunal, a expensas del convencimiento de quien lo acusa. La distancia entre los hechos y el derecho, ese reducto en el que se mueven los jueces, los periodistas y el público de toda verdadera democracia, es el primer límite que clausura la pretensión de que la palabra de la víctima debe sustraerse a la discusión común y el escrutinio público, como si la culpabilidad estuviera siempre fuera de toda duda. El único argumento de las víctimas que es indiscutible, sin embargo, es éste: “Estoy convencida”. El resto deben estar expuestos al mundo con el que, quieran o no, limitan.
El “informe” confindencial de O.
Tommouhi, los notarios, Artur Más y la televisión.
Ladoblehélice 