Leandro Pazos aterrizó a las ocho de la mañana del lunes 10 de noviembre en el aeropuerto de El Prat con 1.500 euros y 600 dólares en metálico, una tarjeta de crédito, una reserva de hotel y un billete de vuelta para el 15 de diciembre. Estuvo internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona hasta que lo expulsaron el sábado pasado. No traía carta de invitación.
Leandro es argentino. El consulado español le había informado de que, teniendo la reserva de hotel, no era necesaria la carta. La policía, al comprobar que la reserva no cubría toda la estancia, lo detuvo y solicitó su internamiento. El sábado un avión de Aerolíneas Argentinas lo llevó de vuelta a Buenos Aires.
Norman Cilento, argentino como Leandro pero con nacionalidad española, acudió al juzgado para responder legalmente como anfitrión hasta que lo devolvieran. La juez, María de las Nieves Osuna García, decretó su internamiento hasta que despegara el avión.
Leandro ya está en Argentina, decidido a emprender acciones legales contra el Gobierno español. Su periplo, sin embargo, deja un serio y legítimo interrogante: ¿puede la administración española detener e internar –hasta 40 días– a cualquier extracomunitario que intente entrar legalmente en el terriotorio nacional?
El retorno está previsto cuando la entrada se intenta ilegalmente: como los africanos de los cayucos, por ejemplo. La expulsión, cuando se está irregularmente en España: como los turistas que prolongan su estancia más allá de lo que les autoriza el visado, se me ocurre.
Esta nueva figura que parece dibujarse por la vía de los hechos consumados, que sólo por aterrizar en un país estés sometido al poder discrecional de su policía, sin posibilidad de frenar sus acciones judicialmente, constituye una verdadera e inquietante novedad que va normalizándose.
Que haya sido atendido por un abogado de oficio no cambia lo fundamental: ¿se habría suspendido la repatriación hasta que se resolvieran los recursos, de apelación, por ejemplo? La respuesta, con la ley de extranjería y la experiencia en la mano, es no. La tutela judicial, por tanto, no se ha hecho efectiva.
El traslado de las condiciones de excepción jurídica que gobiernan las zonas de espera de los aeropuertos hasta los centros de retención a las afueras de las ciudades supone una reciente deslocalización del derecho y la ciudadanía.
La confusión entre un procedimiento y otro, el de retorno y el de expulsión, no inquieta tanto por la parte de los turistas. El problema es que esa expulsión en clase preferente, sin derecho a tutela judicial efectiva, puede también aplicarse a los que viven y trabajan aquí irregularmente.
Un amigo de Leandro que lo visitó en el Centro de Internamiento de la Zona Franca grabó este vídeo. El «no se pueden hacer fotos» del final aconseja hacerlo público.
Ladoblehélice 
Estuvistes en madrid? fuistes compañero de el cuartucho de inmigración junto con mi tía!! Ella ADela gonzalez…
es una injusticia!!
estan los dos casos relazionados mirá!!
en el casal argentinoo debaleares esta la niticia
UN saludo!!!
Siguen rechazando… y van … ???
Un nuevo caso de «rechazo» hubo con una argentina de 66 años cuyos familiares están en Mallorca.
Y el Gobierno Argentino ??? ¿ hasta cuando dejará que España nos atropelle ???
CASO UNO:
Fuente: (Diario La Capital de Rosario)
La mujer pretendía pasar las fiestas con su sobrino, un rosarino radicado hace unos años en Palma de Mallorca (España) y a quien no ve desde hace 20 años. Pero el viaje fue corto y el festejo se convirtió en calvario. Adela Jesús González, de 66 años, y de Villa Gobernador Gálvez, quedó detenida anteayer en el aeropuerto ibérico por no tener un acta o carta de invitación, uno de los tantos requisitos que la Madre Patria comenzó a exigir desde hace un año y medio a todo aquel que pretende pisar su tierra. No hubo contemplación alguna: la encerraron en una pieza con doble vidrio, le quitaron hasta los remedios que llevaba encima, le dieron un turno para bañarse y hoy la metieron en un avión para que se pegue la vuelta.
El de Adela no es el primer caso y parece que tampoco será el último si se le presta atención a la actual política inmigratoria española que olvidó ya la historia de puertas abiertas que tuvo Argentina con los inmigrantes que vinieron a «hacerse la América». Al gobierno de España no le importan las excusas, ni los olvidos, ni las emergencias. A tal punto que sólo en el aeropuerto de Barajas se deporta un promedio de cinco argentinos por día, según confirmó el cónsul adjunto de Argentina en España, Miguel Nougues. El diplomático reconoció «no poder intervenir» y dijo que «son normas del gobierno español que rigen desde hace un año y medio» .
La duda que acarrea por igual a la gente deportada es si las nuevas reglamentaciones españolas también incluyen malos tratos. Y además, se preguntan por qué nadie les advierte correctamente cuáles son estos requisitos antes de partir.
Hay que tener algo en claro. El martirio no es exclusivo de argentinos. Lo mismo sufren peruanos, ecuatorianos, jamaiquinos, paraguayos y chinos. Los controles, cada vez más rigurosos, se aplican a los turistas que no pertenecen a la Unión Europea (ver aparte).
Advertencias. «Quiero que todo el mundo sepa lo que está pasando y no se le ocurra viajar a España sin todos los absurdos requisitos que piden», aconsejó el sobrino de la mujer, Guido González, en diálogo con LaCapital desde Palma. «Ella es como una madre para mí y ni siquiera me dejaron verla», dijo entre angustiado y colérico.
Tras varios años de juntar peso a peso, la mujer llegó a Barajas el jueves y, según dijo, a poco de descender del avión los empleados de migraciones la eligieron al azar junto a otro grupo de gente.
«Me revisaron y quitaron todo menos la plata, eso no les doy ni muerta», relató perpleja desde el centro de detención del aeropuerto internacional de Barajas.
Luego de la exhaustiva requisa, le pidieron la carta o acta de invitación y como respondió que carecía de ella la trasladaron a una habitación que calificó como «una cárcel donde ni siquiera se puede ver ver qué hay afuera», describió la mujer.
Remedios para la presión, lápiz de labios, crema para la cara y cepillo de dientes; todos esos artículos de Adela quedaron bajo custodia policial mientras compartía su encierro con otros 12 latinoamericanos. «Hay camas, nos dan de comer y sábanas; lo mínimo», se afligió. «Lo peor es el trato, la terquedad de la gente y que nos traten como a delincuentes», indicó a LT3.
Sin respuesta. La familia de Adela en España movió cielo y tierra. «Quisimos llevar el acta de presentación a Madrid pero nos dijeron que no se puede, que sólo es válida si la trae en mano el visitante», dijo Guido.
La carta o acta de invitacion es un documento oficial que puede hacer un español o residente por el cual invita formalmente a una persona extranjera a una estancia no superior a 90 días a España.
En la misiva asume la responsabilidad de mantener, alojar y cubrir todos los gastos que origine esa persona, incluido el viaje de retorno, recursos sanitarios y responsabilidad civil de lo que haga la visita en España. Sustituye al visado en muchos países. «Ahora me entero que el anfitrión debe llenar una solicitud y explicar cuánto gana por mes, cuántos metros cuadrados tiene su casa… tenés que contar con un pasar de vida casi perfecto», señaló el sobrino de la mujer.
Y Adela, antes de despedirse de este diario, preguntó irónicamente: «¿Madre Patria? No me río porque ya ni puedo».
CASO DOS:
Fuente: (Diario Clarin)
Armó su valija con la ilusión en llamas. Se había esforzado para concretar el sueño de viajar a Barcelona en sus vacaciones, degustar una larga lista de rincones y encantos europeos y visitar amigos que no veía desde hace tiempo. Lo planificó, lo organizó y allá fue, hace hoy una semana. Pensaba quedarse un mes, pero ni bien llegó, Leandro Pazos, 26 años, se estrelló contra la dureza creciente de la política inmigratoria española y, lejos de empezar a disfrutar su viaje, terminó detenido cinco días en una celda, tras lo cual fue «devuelto» al país sin derecho a réplica. Ofreció todo tipo de pruebas y garantías de que el suyo era un viaje con retorno, pero no hubo caso: el argumento oficial fue que «no tenía una carta de invitación» y que era «tarde» para explicaciones.
«Fue abusivo. Me trataron como a un delincuente, como si fuera alguien que amenaza su seguridad», cuenta Leandro, a apenas unas horas de arribar a Ezeiza con una «sensación de impotencia y una indignación que duelen más que un viaje frustrado». Lo más terrible del caso es que Leandro no fue un improvisado. Antes de viajar, fue dos veces al Consulado de España en Buenos Aires y llamó otras tantas para corroborar información «oficial» que, según le contaban, era al menos confusa. «Pedí los requisitos para ingresar y jamás me hablaron de una carta de invitación. Por las dudas, volví a preguntar y me explicaron que podía llevar una carta o una reserva de hotel (que no necesariamente debía ser debía ser por toda la estadía). Eso hice: fui con la reserva, pero al llegar me dijeron que tenía que tener hotel desde el primero al último día. Y que mis explicaciones de un viaje sin destino claro no les cerraban».
Ni bien llegó, el 9 de noviembre, en Migraciones lo demoraron. «Desconfiaban de todo. Me preguntaban qué lugares quería conocer, contaron mi dinero… Me dijeron que era incongruente viajar sin tener todo planeado y que rechazaban mi ingreso». Como Aerolíneas no tenía vuelo hasta el sábado, lo derivaron a una jueza. «Me mandó a un Centro de Internación, donde estuve cinco días encerrado. Me desnudaron, me trataron como a un preso y me trasladaron esposado. A mis amigos de allá los dejaron visitarme dos horas a través de un vidrio. Fue algo totalmente gratuito y discriminatorio, no lo merecía. Yo jamás pensé en quedarme allá».
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