Archivo mensual: febrero 2008

Transbordos

El cabo V. participó sobre todo en los comienzos de la investigación de 1995, que finalmente llevaría a la detención de García Carbonell. En 1991, sin embargo, estaba en un cursillo en Madrid cuando ocurrieron los hechos: Lo que puede recordar nunca lo supo de primera mano.

El folio-portada que llevaba su nombre, del atestado sobre la recuperación del Renault 5, me explicó ayer en una cafetería de El Ejido, no podría asegurar si lo había recibido en Martorell o en Manresa, los dos equipos de policía judicial en los que trabajó esos años,  ni en qué fecha concreta. Esto último es fácilmente comprobable y así lo haré: en todo caso, su relación con ese atestado parece puramente jerárquica: el que en verdad lo habría pedido sería el guardia Reyes Benítez. “Desde que detuvimos al gitano, Reyes empezó a dar la brasa con lo mucho que se parecía al moro”, me explicó V.

En 1995, el cabo V.  sí se encargó de hacer una primera recopilación de diligencias, y puestas sobre la mesa, recuerda que comentó con un superior una hipótesis que, aunque errónea, daría finalmente en el clavo: “éstos tíos viven en Terrassa”,  pensó. El Teniente Pizarro, hoy comandante, ordenó peinar la ciudad: el objetivo era encontrar el Volkswagen Golf negro que habían descrito las últimas chicas violadas, no muy lejos de donde en 1991 había sido violada la chica de La Bisbal, en L’Arborç del Penedès. Apareció el coche, y luego aparecería Carbonell a recuperarlo y fue cuando lo detuvieron.

Pero, como ya saben, no era en Terrassa donde vivía Carbonell. En este sentido, parece más plausible la tesis de Godwin en El rastreador, que sostiene que los violadores y asesinos en serie trazan, aunque sea inconscientemente, una zona neutra entorno a su domicilio libre de asaltos. La hipótesis concuerda con este caso, pues ninguno de los hechos se cometió en Sabadell ni en sus más inmediatos alrededores.

Por eso, aunque no era su lugar de residencia, Terrassa resultó decisiva para la detención: era la estación elegida para los transbordos. Allí abandonaban los coches quemados. Los investigadores habían localizado ya varios vehículos de los utilizados en los asaltos cuando encontraron el Golf negro. Y allí se subían a los turismos pequeños con los que cometían los asaltos. García Carbonell llegó en una furgoneta, sobre las ocho de la noche, y maniobró para dejarla aparcada donde estaba el Golf, con el que, según costumbre, saldría a delinquir.

Un movimiento, por cierto, exactamente inverso al que hicieron los asaltantes la madrugada del 3 de noviembre de 1991. Las víctimas de los dos primeros asaltos, cometidos en Vilafranca del Penedès sobre la medianoche, con apenas un cuarto de hora de diferencia, describieron que el vehículo era un turismo pequeño. La pareja de novios asaltada en Terrassa, sobre una hora y media más tarde, identificaron que el vehículo era una furgoneta. La chica precisó que la puerta lateral, por donde la metieron a ella, era corredera. Terrassa está entre Vilafranca y Sabadell, en la dirección de sur a norte que se deduce por la hora y la localización de los diversos hechos: primero los situados más al sur, luego los de más al norte.

Todo esto lo digo porque uno de los argumentos utilizados por la fiscalía del Supremo para dudar de que los vehículos utilizados en diversas violaciones cometidas antes y después de que los marroquíes estuvieran en prisión fuera el mismo Renault 5, fue precisamente que el asalto de Terrassa había sido cometido con una furgoneta.

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Materiales

Francisco Palenzuela y Juan Antonio Fernández, los dos ejidenses condenados por secuestrar y apalear a tres inmigrantes en diciembre de 1997, disfrutan desde octubre pasado de un régimen de semilibertad, un híbrido entre el segundo y el tercer grado recogido en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Palenzuela y Fernández, condenados en 2002 por la Audiencia de Almería a 15 años de cárcel y cuya sentencia ratificó el Supremo en marzo de 2004, ingresaron en prisión en agosto de 2005.

La Dirección de Instituciones Penitenciarias les denegó el tercer grado que para ellos había solicitado la cárcel de El Acebuche, donde cumplen condena: “soy psicóloga antes que directora”, declaró la directora de la prisión, Clotilde Berzosa, a EL PAÍS:  “tanto uno como otro son muy sensibles, muy trabajadores”, añadió.

Los dos empresarios, que según una hermana de Palenzuela muestran un “profundo arrepentimiento”,  no habían hecho frente a sus responsabilidades civiles (más de 36.000 euros en indemnizaciones a las víctimas) en diciembre del año pasado, diez años después de las agresiones. El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), apoyó a principios de este mes de febrero una nueva petición de indulto –denegado ya en dos ocasiones–, respaldada  por el ayuntamiento de El Ejido y las 57.214 firmas de las que les hablaba ayer.

El Ejido, paisaje de impunidad

No es la primera vez que voy a El Ejido. La primera fue en junio de 2000, [cuatro] meses después de los ataques racistas que cientos de vecinos dirigieron contra inmigrantes magrebíes. Bullshooter organizaba allí un campeonato nacional de dardos electrónicos, y mi hermano Rafa aceptó ofrecernos a una amiga y a mí una habitación doble y pensión completa durante una semana. El pacto incluía, a cambio, que trabajaríamos sábado y domingo.  Más que un hermano es un mecenas. La semana la dedicamos a hacer entrevistas y visitar lugares para un reportaje que escribiríamos a la vuelta. 

El Viejo Topo lo publicó en septiembre de ese año. “El Ejido, paisaje después de la batalla” rastreaba en qué habían quedado las declaraciones de intenciones, supuestas medidas y anunciadas soluciones aprobadas después de los ataques: habían quedado en nada. No tengo copia ni puedo conseguirla ahora (la biblioteca municipal de Petrer no archiva las revistas), pero recuerdo que el reportaje demostraba, con datos del propio ayuntamiento, que el único cambio que se estaba realmente produciendo era la sustitución de la mano de obra magrebí por otras sudamericanas y de Europa del Este. Era fabuloso el desparpajo con el que diversas fuentes acudían a argumentos sociológicos de corte multiculturalista: es positivo que haya mezcla de razas bajo los plásticos, decían, para justificar aquella limpieza técnica.

Por primera vez me llamó la atención, aunque no se trataba en el reportaje, la necesidad que ciertas movilizaciones tienen de literatura típica y de cómo había sido correspondida por el periodismo. Me sigo preguntando si los disturbios se habrían desencadenado, en aquel momento y en aquel lugar, si los rumores que construyeron el caso típico del discurso racista no hubieran llegado a los titulares: “Detenido un inmigrante marroquí por el asesinato de una joven a la que quiso robar“. El móvil del robo que establecieron varios testigos citados por la prensa no se demostró nunca, y según admitían varias fuentes meses después, la chica ni siquiera llevaba el bolso que supuestamente habían visto esos testigos. La sentencia estableció que Encarnación López, una ejidense de 26 años, había sido asesinada por un esquizofrénico marroquí, lo que de haberse publicado primero habría rebajado en mucho la típica espontaneidad del linchamiento.

Hablamos entonces con Ángeles Garzón y su marido Carlos, un matrimonio de abogados madrileños residentes en Granada, que durante los disturbios se habían trasladado a El Ejido para prestar apoyo jurídico a las víctimas. Los agredidos, explicaban, están dejando El Ejido y no habrá forma de localizarlos y continuar con los procedimientos. No encontré ayer, rastreando en el archivo de El País y Google, que ninguno de los que incendiaron negocios y viviendas de vecinos magrebíes, ni ninguno de los que, por ejemplo, condujeron los camiones que transportaban a vecinos españoles desde el centro de El Ejido a los asentamientos de los inmigrantes, según fotografía publicada creo que por ABC, haya respondido ante la justicia. Las únicas condenas que hallé (nueve años todas sumadas) se pronunciaron contra la agresión que el entonces subdelegado del gobierno en Almería, Fernando Hermoso, sufrió tras el entierro de Encarnación López. En consecuencia, el periodismo tampoco ha añadido una sola palabra que estropee la siesta de los impunes.

Sí encontré, sin embargo, que 57.214 vecinos firmaron a favor del indulto de dos ejidenses condenados a 15 años de cárcel por secuestrar y apalear a dos argelinos y un marroquí en 1997. Los dos secuestradores, Francisco Palenzuela y Juan Antonio Fernández, declararon en junio de 2004 que de ingresar en prisión podrían reeditarse la violencia de febrero de 2000. El alcalde, Juan Enciso, les había expedido dos certificados de buena conducta que ambos empresarios encartaron en sus expedientes. El entonces Ministro de Justicia, López Aguilar, adelantó en 2004 que el indulto sería denegado.

En fin, llegaré pasadas las tres de la tarde.

Contraseña para algunos (pocos) amigos

Me permitirán una diversión. Picoteando ayer en la biblioteca municipal di con un artículo de Miguel Morey. El número 79 de la revista Archipiélago es un monográfico sobre la figura de Jean Baudrillard y su supuesto desafío a lo real. El artículo de Morey, “Un animal desquiciado”, más allá de lo que dice sobre Baudrillard –y lo dice casi todo callando, pues habla sobre todo de Bataille– lleva una frase que justifica –la hace más justa– una idea editorial que se viene gestando entre algunos, pocos, muy pocos amigos. La traigo aquí por si hicieran falta razones todavía:

“Lo más probable es que los hombres del futuro tengan que aprender a leer solos”.

Lo más probable es que el futuro esté aquí, ahora.

Preguntas de ida y vuelta

De paso por Petrer (Alicante). En cuanto tenga cerradas las entrevistas –mañana o el miércoles, como muy tarde– me iré a Almería.  La casualidad, o las rutas migratorias, han reunido allí a cuatro protagonistas (secundarios) de esta historia: dos guardias civiles y dos marroquíes.

Los dos guardias civiles son importantes por la misma razón: el Renault 5. Ambos estaban aquellos años destinados en la 412ª Comandancia de la Guardia Civil (Barcelona interior). El coche se recuperó en Mollet del Vallès, que pertenecía a esa comandancia. Hoy uno de ellos está retirado al sol de Los Gallardos. El otro, destinado en un pueblo del poniente.  

Con el primero ya hablé por teléfono: se trata ahora de ver si, cara a cara y con tiempo, recuerda detalles o datos que aclaren el por qué de la escasa repercusión que sobre el caso tuvo lo que  debería haberle dado un vuelco importante: la recuperación del coche  con el que, según la Guardia Civil, se habían cometido las violaciones. El nombre del otro agente  aparece manuscrito (“para el cabo…”) en un folio-portada del atestado sobre la recuperación. Lo que indica, probablemente,  que o bien en 1991, o en 1995, esos atestados e informes tuvieron que pasar por sus manos.

(Por cierto, que aprovecho para resolver una duda que recogía aquí al publicar la relación de delitos cometidos con el Renault 5: me extrañaba que en esa relación no aparecieran las violaciones de Cornellà y Tarragona. La razón, confirmada por dos agentes, es que esos hechos ocurrieron fuera de la demarcación de la comandancia que realizó el informe: Cornellà pertenecía a la Policía Nacional, y Tarragona era de la 431ª Comandancia. La relación la había hecho un puesto de la 412ª (Barcelona interior, con sede en Manresa).)

Luego, a finales de semana, iría a visitar también a los dos marroquíes.

Sangre, semen y convicciones, o como decíamos ayer

[Esta nota fue publicada en EL PAIS el 26/09/2006

 

El Tribunal Supremo revocó en 1997 una de las condenas a Ahmed Tommouhi y a su compatriota Abderrazak Mounib, porque los análisis de ADN demostraron científicamente el error de la víctima al identificarlos en 1991. Frente al testimonio subjetivo, el Supremo privilegió la corroboración objetiva. La Audiencia de Barcelona, sin embargo, ya lo había condenado en otra causa. El razonamiento fue inverso: los jueces descartaron las pruebas materiales frente a las “categóricas y terminantes declaraciones” de las dos chicas violadas.

Fue en el caso de Cornellà (Barcelona). N., una de las dos víctimas, de 14 años, entregó en comisaría el pantalón, el suéter y las bragas que llevaba puestos el día de autos. [Lo hizo tras su primera declaración]. La policía lo puso en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 1 de Cornellà en el primer atestado. Desde ese momento, Estrella Radio Barciela, titular de aquel juzgado, tuteló el proceso y los restos fueron analizados en el Laboratorio de Analítica Forense de la Policía Científica de Barcelona y cotejados con los marcadores genéticos de Ahmed Tommouhi, que accedió voluntariamente al análisis. Él mismo lo reclamaba cada vez que declaraba ante un juez.

El resultado fue negativo. Ni el semen ni la sangre eran de Ahmed Tommouhi, el único acusado en este caso. Los peritos, sin embargo, no acudieron el día del juicio oral, y el tribunal decidió que no hacía falta, como había pedido la defensa, suspender el juicio. La prueba no habría podido “en modo alguno” desvirtuar la “convicción” del tribunal, según la sentencia, convicción que se había formado exclusivamente por el testimonio de las víctimas, sin corroboración objetiva alguna.

La conclusión del informe no excluía, a ojos del tribunal, que Tommouhi fuera quien violó a N. porque habían sido “dos los intervinientes en los hechos”, con lo que los restos podían ser de ese otro. Las chicas, sin embargo, habían declarado que cada uno violó a cada una por separado, y las dos coincidieron en que supuestamente era Tommouhi el que había violado a N.

El contacto, por tanto, se debería haber producido por una salpicadura o un roce entre el violador de la otra chica, de 15 años, y la ropa de N. Pero a ésta última la violaron fuera del coche, “apoyándola de espaldas al agresor”, como ella misma contó el día del juicio. A su amiga la violó el copiloto, y recordó “que fue dentro del coche”. Ni la sangre ni el semen hallados correspondían a los marcadores genéticos de Ahmed Tommouhi. “Con los datos de ese informe, tengo que decir que ese hombre no ha sido”, explica Eugenio O., uno de los autores.

El tribunal dijo que ignoraba “por completo la cualificación técnica o científica” de los peritos, a los cuales no volvió a citar. Pertenecían a la Policía Científica. Eugenio O., el técnico, era diplomado en Farmacia y especializado en Análisis Clínicos. La facultativa que firmó aquellos informes es la actual inspectora jefa del servicio NBQ de la Policía Científica de Madrid.

El tercer argumento de la sentencia para descartar los hechos objetivos en favor del testimonio subjetivo de las víctimas fue que la recogida de la ropa no se había hecho con las suficientes garantías procesales. “No fue acordada por el juez de instrucción”, afirma la sentencia. “Las ropas llegaron con el primer atestado: o sea, que era imposible que el juzgado ordenara nada porque no sabía que había ocurrido eso”, explica Estrella Radio Barciela, la juez que instruyó el caso. El garantismo, que se inventó para proteger al reo, sirvió en este caso para condenarlo.

El tribunal sentenciador fue la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, presidida por Margarita Robles. Para revisar la sentencia está el Tribunal Supremo, pero nadie presentó el recurso. El abogado de oficio de Tommouhi en Barcelona, Pere Ramells, lo anunció oportunamente tras el juicio de 1993. Pero correspondía al Colegio de Abogados de Madrid nombrar a un colegiado suyo para que lo cursara ante el Supremo. Los nombrados no lo hicieron. Se quedó sin defensa y sin posibilidad alguna de que se revocara la sentencia.

 

La verdad degradada

El decisionismo es el efecto de la falta de anclajes empíricos precisos y de la consiguiente subjetividad de los presupuestos de la sanción en las aproximaciones sustancialistas y en las técnicas conexas de prevención y de defensa social. Esta subjetividad se manifiesta en dos direcciones: por un lado, en el carácter subjetivo del tema procesal […]; pero, por otro lado, se manifiesta también en el carácter subjetivo del juicio, que, en ausencia de referencias fácticas exactamente determinables, resulta basado en valoraciones, diagnósticos o sospechas subjetivas antes que en pruebas de hecho. El primer factor de subjetivación genera una perversión inquisitiva del proceso, dirigiéndolo, antes que hacia la comprobación de hechos objetivos (o más allá de ella), hacia el análisis de la interioridad de la persona juzgada. El segundo degrada la verdad procesal de verdad empírica, pública e intersubjetivamente controlable, a conocimiento íntimamente subjetivo, y, por tanto, irrefutable del juzgador .”

FERRAJOLI, Luigi: Derecho y Razón, Trotta, Madrid: 2002, p. 43.